Por Danilo Minaya
Como profesional interesado en las dinámicas sociales, observo con preocupación cómo el modelo capitalista e imperial – caracterizado por la mercantilización absoluta, donde el ser humano y sus relaciones sociales, son reducidos a meros objetos de consumo – ha provocado una alienación masiva, hoy intensificada por el uso desmedido de las redes sociales. Esta deshumanización no es un fallo fortuito del sistema; es un problema de carácter estructural que requiere un abordaje integral, vinculando la cultura patriarcal y la salud mental colectiva.
La manifestación más trágica y alarmante de esta quiebra estructural es la violencia de género y su desenlace fatal, *EL FEMINICIDIO* . En la República Dominicana, las estadísticas son aterradoras y configuran una epidemia social. Siete feminicidios registrados solo en el mes de mayo y treinta víctimas en lo que va de año demuestran que el sistema le ha fallado por completo a la sociedad. Ante este decadente panorama, la democracia se convierte en mera letra muerta si las mujeres siguen esperando por seguridad, apoyo y protección real, mientras las instituciones continúan respondiendo con consignas vacías y promesas burocráticas que no detienen las tragedias cotidianas.
Los datos del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL revelan de manera sistemática que América Latina presenta tasas alarmantes de feminicidios. Estos crímenes están estrechamente vinculados a los bajos índices de Desarrollo Humano, la persistencia de un colonialismo cultural arraigado y, en el caso específico dominicano, a las influencias ideológicas del *"neo-trujillismo"* que perpetúan el control, la sumisión y el autoritarismo en el imaginario social.
La desigualdad de clases y el orden económico imperante incentivan directamente la inequidad de género. Un reflejo evidente de esto es la distribución desigual de las posiciones políticas en los espacios de toma de decisiones del gobierno dominicano, donde la participación de las mujeres sigue estando profundamente subrepresentada en los puestos de verdadero poder. Esta desigualdad se traduce luego en el ámbito privado en múltiples dimensiones de la violencia: económica, ginecobstétrica, psicológica y verbal. Se trata de dinámicas sistemáticas de coerción e intimidación que buscan la *"muerte existencial"* de la mujer mucho antes de acabar con su vida física.
Es en este punto crítico donde la articulación entre la *sociología y la psicología social* resulta indispensable para aportar soluciones reales. Los profesionales de la salud mental que trabajan de manera directa con la violencia en todas sus manifestaciones y con el estudio del duelo, nos ofrecen las herramientas teóricas y prácticas para intervenir en esta crisis. Por un lado, la psicología del agresor —estudiada a profundidad por expertos como Luis Vergés— nos señala la urgencia de revisar y desmantelar el modelo de *"masculinidad clásica"o hegemónica.
El machismo y el patriarcado moldean desde la infancia una identidad masculina basada en el derecho de posesión y control sobre el cuerpo y la vida de la mujer. Transformar este marco sociocultural exige modificar drásticamente el modelo educativo actual desde sus dos pilares fundamentales: el hogar y la escuela formal, incorporando de manera obligatoria la educación sexual integral y el fomento de una masculinidad sana y corresponsable.
Por otro lado, el divorcio y la separación afectiva, constituyen un detonante crítico que debe ser abordado desde la terapia de las pérdidas. Como bien señala la especialista y psicóloga, Rosa M. Brea, en los procesos de ruptura suelen presentarse dos reacciones sumamente complejas. Mientras la persona que toma la iniciativa y decide terminar la relación suele lidiar con fuertes sentimientos de culpa, tristeza por el sufrimiento de los hijos y ansiedad ante una nueva etapa de vida, la parte que es *"abandonada"* , con frecuencia reacciona con una inmensa rabia, profundos deseos de venganza y depresión. El duelo va muchísimo más allá de la muerte física. Si este duelo es mal gestionado o carece del acompañamiento profesional adecuado, el riesgo de que derive en conductas obsesivas y tragedias violentas no deseadas aumenta exponencialmente.
Frente a esta dramática realidad, las respuestas del Estado y de la sociedad civil organizada, no pueden seguir siendo tímidas ni desarticuladas. Se requiere una política pública contundente que active, fiscalice y visibilice de forma masiva los recursos existentes. Es una tarea obligada promover a gran escala la *Línea *212,* un recurso esencial diseñado para salvar vidas en situaciones de riesgo inminente, así como garantizar el fiel y estricto cumplimiento de la Ley 88-03 sobre Casas de Acogida , asegurando protección real y digna para las víctimas y sus hijos.
Asimismo, los gobiernos locales deben asumir un rol protagónico en la educación ciudadana en Derechos Humanos y reproductivos. Paralelamente, desde las academias, se debe asumir el compromiso de estudiar el fenómeno, mientras que, con el firme respaldo de la Comisión de los Derechos Humanos en la República Dominicana, se deben conformar sólidas redes comunitarias de apoyo. Estas redes deben servir para canalizar de forma eficiente las denuncias por violencia intrafamiliar y agresiones sexuales antes de que pasen a formar parte de las frías listas de fatalidades. Los feminicidios desarticulan por completo a las familias y dejan secuelas imborrables en el tejido social y la salud mental colectiva. Avanzar de forma decidida hacia la humanización de nuestra sociedad, nos exige dejar de ver la vida y las relaciones como una mercancía, cuestionar nuestros actuales referentes culturales y asumir una responsabilidad compartida e impostergable.
