Por José Estalin Quezada
El reciente homicidio del joven de 19 años Darlin Enmanuel Mercado Reyes a manos de un cabo de la Policía Nacional en el sector de Herrera, Santo Domingo Oeste, ha desatado una profunda ola de indignación nacional y protestas comunitarias. La tragedia de este joven —ultimado de forma desproporcionada durante una discusión por la retención de una motocicleta— no es un hecho aislado. Se suma a una alarmante y continua lista de muertes a manos de las fuerzas del orden; ejecuciones que históricamente se han encubierto bajo la etiqueta de los mal llamados "intercambios de disparos".
Es ante estos episodios cuando el ciudadano, desarmado por la impotencia, se pregunta: ¿dónde están los resultados de la reforma policial? A pesar de una inversión estatal millonaria, la estructura parece inalterable en su génesis. El agente policial, que debería representar el rostro del orden y el funcionario público con el que el ciudadano interactúa a diario, se ha convertido en una fuente directa de inseguridad. Situaciones como la de Herrera evidencian una preocupante deshumanización en el accionar de ciertos uniformados, cuyos principales "objetivos sospechosos" suelen concentrarse en un perfil muy específico: jóvenes de los barrios marginados.
Resulta paradójico y digno de reflexión cómo los sectores que reciben menores oportunidades de desarrollo digno terminan siendo víctimas de agentes que, muchas veces, provienen de sus mismos entornos socioeconómicos, perpetuando un ciclo de violencia interminable. ¿Acaso ser pobre, mulato o negro, vivir en un barrio y vestir con tenis de marca o gorra otorga una licencia implícita para vulnerar el debido proceso? La estigmatización social y la criminalización de la pobreza parecen determinar si se aplican o no los derechos humanos y las garantías constitucionales en la República Dominicana.
Los datos respaldan esta realidad. Organizaciones de derechos humanos y plataformas de monitoreo como Patrulla Letal registran más de 2,440 muertes a manos de cuerpos de seguridad en las últimas dos décadas, concentrándose la inmensa mayoría en la Policía Nacional. Además, solo en lo que va del año 2026, los reportes comunitarios y de prensa ya contabilizan más de 90 muertes en presuntos intercambios de disparos. Aunque las autoridades celebran una reducción en la tasa general de homicidios intencionales —la cual cerró el año pasado en 8.7 por cada 100,000 habitantes según el Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (CADSECI)—, la letalidad policial en los perímetros urbanos vulnerables sigue siendo una constante que erosiona el Estado de derecho.
La normalización de esta violencia es un síntoma de una sociedad anestesiada por el consumo digital acelerado. Nos indignamos durante cuarenta y ocho horas ante un video viral en redes sociales, pero olvidamos pronto si la tragedia no golpea nuestra propia puerta. Sin embargo, para frenar esto, la reforma policial no puede limitarse a cambios cosméticos, de nomenclaturas o de colores de uniforme. Se requiere desmontar estructuras mafiosas internas, erradicar la impunidad y reconstruir la institución prácticamente desde cero, priorizando su humanización. Resulta imperativo ver una institución que asuma su responsabilidad institucional y pida perdón real ante los atropellos de sus miembros.
Esta transformación estructural también exige dignificar las condiciones laborales de aquellos agentes que sí honran el uniforme. A pesar de los recientes reajustes salariales, la mayoría de los policías dominicanos percibe ingresos que apenas cubren el costo de la canasta básica familiar. La carrera policial debe dejar de ser el refugio de desempleo de jóvenes sin alternativas para convertirse en una verdadera escuela de formación integral que supere los cursos exprés de apenas unos meses. Ser policía debe ser sinónimo de vocación de servicio, entrega y empatía con la ciudadanía.
Lograr este cambio estructural no será posible sin una sociedad civil consciente, activa y con memoria histórica, acompañada de un Estado responsable que demuestre verdadera voluntad política. Los derechos fundamentales no son concesiones que se mendigan al poder; son garantías constitucionales que los ciudadanos tienen el deber de exigir y el Estado la obligación irrestricta de proteger.
