Por Danilo Minaya
Circula en los medios la preocupante información sobre la posible mutilación del Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso, promovida por el gobierno central con el objetivo de ampliar una de las vías de acceso a sectores privilegiados del Distrito Nacional.
Esta medida, de concretarse, representaría una violación inaceptable a uno de los espacios naturales más valiosos del país, desconociendo su importancia para la salud física, emocional y ambiental de toda la ciudadanía.
Nos preguntamos: ¿en qué laboratorios se diseñan estas políticas que, bajo el pretexto de mejorar la movilidad urbana, sacrifican el patrimonio ecológico de la ciudad? ¿A quién le están resolviendo el problema? La movilidad urbana en el Gran Santo Domingo no puede abordarse con parches de asfalto ni con decisiones que ignoran las causas estructurales del caos vial.
El transporte debe resolverse de manera integral, priorizando soluciones colectivas, sostenibles y humanas. Más asfalto significa más vehículos. Más vehículos significan más desorden, más emisiones, más estrés urbano. ¿Cómo se pretende resolver el problema cuando el mercado automotriz sigue creciendo sin regulación efectiva? En este país se celebran anualmente más de cinco ferias de vehículos, proliferan los dealers en cada esquina y se incentiva el crédito para la compra de autos, mientras el transporte colectivo sigue abandonado.
Ya lo vivimos antes: “hoy son tapones, mañana serán soluciones”, se nos prometió. Pero la única respuesta fue más cemento, más elevados, más pasos a desnivel. Ninguno solucionó el problema de fondo.
El Jardín Botánico Nacional, es mucho más que un parque. Es un centro científico, educativo y ambiental, hogar de más de mil especies de plantas endémicas, nativas y exóticas. Es un pulmón vital para la ciudad, un regulador térmico, un santuario de biodiversidad, un espacio de salud y bienestar.
Toda intervención que reduzca su extensión contraviene leyes fundamentales de protección ambiental: la Ley 64-00, la Ley Sectorial de Áreas Protegidas (202-04), la Ley 456-76 que lo creó, y los principios de progresividad y no regresión ambiental consagrados en el artículo 16 de la Constitución.
Eliminar áreas verdes no resuelve los problemas del tránsito. Las verdaderas soluciones deben ir al origen del problema, aquí algunas iniciativas:
• Reactivar el plan completo de las cinco líneas del Metro de Santo Domingo.
• Implementar medidas de gestión de la demanda: escalonamiento de horarios laborales, transporte compartido, control por número de placa.
• Descentralizar los servicios estatales.
• Promover ciclovías, ampliar rutas de transporte colectivo y modernizar su flotilla.
• Desarrollar campañas educativas sobre movilidad y uso del transporte público.
• Sembrar árboles, no más concreto.
• Diseñar para la gente, no para los vehículos.
Como nos recuerda el neurobiólogo vegetal Stefano Mancuso, las plantas no solo purifican el aire y regulan la temperatura urbana; también influyen positivamente en la salud mental, reduciendo el estrés y elevando nuestra calidad de vida. Las ciudades que destruyen sus árboles, destruyen su futuro.
Los urbanistas, planificadores, ecologistas y ciudadanos conscientes no estamos en contra del desarrollo, pero sí de la barbarie disfrazada de modernidad. Es hora de que quienes diseñan la ciudad salgan de sus oficinas climatizadas, recorran el Jardín, escuchen su silencio, su biodiversidad, su resistencia. Allí entenderán que hay cosas que no se negocian.
La defensa del Jardín Botánico no es solo una causa ambiental, es una lucha por el derecho a una ciudad habitable, por el respeto a la vida y por un desarrollo verdaderamente sostenible.
Porque sin verde no hay ciudad, y sin ciudad para la gente, no hay futuro.
