Santo Domingo, República Dominicana — Organizaciones sociales denunciaron que el Senado de la República aprobó un proyecto de Código Penal profundamente regresivo que protege a corruptos, permite la censura y el abuso de poder contra la ciudadanía, y desampara a las víctimas de violencia, a las mujeres y a niñas y niños.

Las organizaciones responsabilizaron directamente al liderazgo del PRM por este proyecto, recordando que tienen mayoría calificada en el Congreso y han ignorado las demandas ciudadanas. “Este no es un Código Penal para proteger a la gente y perseguir a los delincuentes. Es un instrumento para blindar a los corruptos y políticos, para silenciar a la ciudadanía y para negar justicia a mujeres, niñas y víctimas de violencia”, denunciaron desde la coalición de organizaciones.

La decisión final la tendrá el presidente Luis Abinader, cuando este proyecto llegue a sus manos y deba elegir qué legado va a dejar a la República Dominicana”, advirtió la Coalición.

Puntos Críticos del Código Penal aprobado en el Senado

Las organizaciones denunciaron que el proyecto aprobado en el Senado:

• Facilita la impunidad para actores políticos y religiosos, excluyendo de responsabilidad penal al Estado, ayuntamientos, partidos políticos e iglesias. También limita la prescripción de los delitos de corrupción a 20 años.

• Criminaliza insultos a funcionarios públicos, castigando con cárcel expresiones que “afecten su dignidad”, incluso si no son públicas.

• Permite requisas sin orden judicial ni causa probable, dando a militares y policías el poder de intervenir vehículos y pertenencias sin supervisión. Y, además, permite que los agentes prohíban grabar requisas, impidiendo documentar abusos policiales, en un país con alto índice de abusos de la policía y los militares.

• Permite penas de hasta 30 años por compartir información con empresas o entidades extranjeras, sin especificar que deba tratarse de datos sensibles, lo que podría usarse para perseguir periodistas o incluso empresarios que buscan promover proyectos de inversión.

• Limita la tipificación del feminicidio solo a casos con violencia sexual o exposición del cuerpo de la víctima.

• Criminaliza insultos a funcionarios públicos, castigando con cárcel expresiones que “afecten su dignidad”, incluso si no son públicas.

• Reduce las penas por violencia de género a tan solo 1 a 3 años en casos graves, incluso cuando hay amenazas de muerte, presencia de menores o violación de órdenes de alejamiento.

• Permite agredir físicamente a niños y niñas si no se demuestra un patrón de violencia, naturalizando la violencia intrafamiliar.

• Limita la persecución judicial contra violadores sexuales al restablecer la prescripción, desconociendo los efectos del trauma.

• Reduce las penas por violación en pareja, y exige probar violencia física o uso de drogas, dejando sin protección a miles de víctimas.

• Excluye las tres causales, obligando a niñas y mujeres a enfrentar embarazos inviables, peligrosos o producto de violación.

El proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados, en donde debe ser revisado en dos lecturas. Luego pasa a Presidencia para su aprobación u observación.