*Por Fátima Pumarol
La muerte de una niña de siete años víctima de maltrato y tortura, ha evidenciado un grave vacío en las redes institucionales de protección infantil, lo ocurrido no solo refleja un error puntual, sino también la fragilidad de un sistema que, en teoría, debe garantizar la seguridad de la niñez pero que en la práctica parece quedar atrapado entre la burocracia, contradicciones y omisiones.
Una denuncia ignorada.
Según reveló la prensa, un mes antes del homicidio, una vecina intentó denunciar de forma anónima el maltrato ante un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), la empleada que recibió la información le aseguró que el caso sería registrado como “emergencia” y que su supervisora lo respaldaría en la plataforma institucional,
sin embargo, frente a la presión mediática, la dirección del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) sostuvo que la denuncia nunca entró a su sistema, alegó que el reporte se entregó a una empleada del Centro de Atención Integral a Familias Inteligentes (CAIFI), quien “no lo tramitó”, además, insistió en que la plataforma de INAIPI sólo recibe denuncias de niños y niñas de dos a cinco años, y que la institución “no es receptora de denuncias”, sino de servicios.
Aun así, la propia directora admitió que el personal debió orientar a la denunciante para acudir al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), al Ministerio Público o a la Policía.
INAIPI, CAIPI y CAIFI: funciones y límites
Para comprender la magnitud del problema, es necesario revisar las funciones de estas instituciones:
INAIPI: Organismo estatal encargado de ofrecer servicios integrales a niños y niñas de 0 a 5 años, desde la gestación. Su misión incluye velar por la integridad física y psicológica de la primera infancia.
CAIPI (Centro de Atención Integral a la Primera Infancia): Centros especializados con jornada extendida que atienden a menores en condiciones de vulnerabilidad. Brindan servicios en seis áreas: educación inicial, salud y nutrición, atención a necesidades especiales, protección contra la violencia, registro de nacimiento y fortalecimiento familiar.
CAFI (Centro de Atención Integral a la Infancia y la Familia): Programa comunitario orientado a acompañar a las familias, promover buenas prácticas de crianza y ofrecer atención psicosocial, visitas domiciliarias y apoyo en salud y nutrición.
A pesar de esta estructura, la realidad demuestra que ni los protocolos internos ni la coordinación interinstitucional han sido suficientes para garantizar que una alerta de maltrato llegue a las autoridades competentes.
Preguntas pendientes:
¿A quién debía dirigirse la vecina?
INAIPI atiende a menores de hasta cinco años, pero la víctima tenía siete, esto coloca el caso fuera de su rango de acción formal, aunque no debería excluir la obligación ética de orientar la denuncia. Conani, la Fiscalía y la Policía sí poseen mandato legal para actuar.
Pero ¿cómo podía una ciudadana común saber con certeza a dónde acudir?
¿Por qué se registró una denuncia fuera de competencia? La vecina asegura que el CAIFI subió el caso a la plataforma, mientras que la versión oficial lo niega. ¿Se usó un sistema interno desconectado de otras instituciones? ¿Hubo negligencia en el seguimiento? La contradicción expone vacíos graves en los procedimientos.
¿Conocen los empleados sus responsabilidades?
Si bien INAIPI insiste en que no recibe denuncias, reconoce que debió orientar a la ciudadana, esto plantea dudas sobre si el personal recibe formación adecuada y protocolos claros para enfrentar situaciones de sospecha de maltrato infantil.
¿Existe coherencia entre misión y práctica?
La misión de INAIPI incluye la protección de la integridad física y psicológica de la primera infancia (0 a 5 años), no obstante, la dirección afirmó que la plataforma solo recibe casos de 2 a 5 años. Esa diferencia no es menor: significa que los más vulnerables, los menores de dos años, quedarían invisibilizados en los sistemas de alerta.
¿Cómo se articulan las instituciones?
La falta de coordinación entre INAIPI, CAIPI, CAIFI, Conani, la Fiscalía y la Policía es evidente, la similitud de siglas (CAIPI, CAIFI) añade confusión a la ciudadanía y, al parecer, también al personal interno, en un sistema de protección infantil, la interconexión y remisión efectiva deberían ser la norma, no la excepción.
Reflexión final
La tragedia de Los Guandules desnuda la fragilidad de un entramado institucional que, en lugar de proteger, deja a la niñez expuesta. Una ciudadana identificó el peligro, buscó ayuda y confió en una institución, pero la denuncia se perdió en una cadena de omisiones.
INAIPI declara que no recibe denuncias; el CAIPI no tenía competencia; el CAIFI no canalizó la alerta, el resultado: una niña muerta y una comunidad que pierde confianza en quienes deberían garantizar su seguridad.
La lección es clara: urge revisar protocolos, clarificar atribuciones, interconectar los sistemas y capacitar al personal, la niñez no puede esperar a que las instituciones se pongan de acuerdo sobre competencias y límites administrativos, la protección debe ser efectiva, inmediata y coherente, porque de ello depende la vida de los más vulnerables.
