La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) exigió este martes al presidente de la República, Luis Abinader, la destitución inmediata del administrador del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Rafael Abraham Burgos Gómez, a quien acusan de incumplir un poder especial otorgado por el mandatario y de permitir prácticas corruptas dentro de la institución.
El organismo de derechos humanos señaló que Burgos Gómez ha violado el mandato contenido en el Poder Especial No. 36/2025, emitido el 10 de marzo de 2025, mediante el cual se le instruyó formalmente a firmar los contratos de venta y/o transferencia de terrenos a varias personas, entre ellas el ciudadano Juan Euclides Rivera Cordero.
Lejos de cumplir su responsabilidad, el funcionario ha ignorado dicho mandato, generando incertidumbre jurídica y perjuicio económico a decenas de personas que adquirieron propiedades del CEA de forma legítima y documentada. Este incumplimiento, según la CNDH-RD, demuestra una grave falta de compromiso con la legalidad y con las órdenes del Poder Ejecutivo.
Además de su inacción, el administrador del CEA ha mostrado una incapacidad manifiesta para resolver los problemas históricos de esa entidad, hoy desaparecida en términos estructurales, pero aún activa en procesos de traspaso de bienes. Lejos de avanzar hacia la solución, ha permitido el resurgimiento de redes mafiosas dentro de la institución.
La CNDH-RD denuncia que en el CEA operan estructuras corruptas de nivel medio y alto que extorsionan a ciudadanos, falsifican documentos, venden terrenos sin respaldo legal y buscan apropiarse indebidamente de propiedades que pertenecen a personas que cumplieron con todos los procesos establecidos por ley.
Uno de los casos más graves es el de la empresa CDG DIGAS, representada por Jangle Vásquez Rodríguez, que ha logrado apropiarse irregularmente de más de 79 solares del CEA y 32 solares de Bienes Nacionales, amparándose en una permuta realizada en el año 2003 que nunca fue ejecutada legalmente.
La permisividad de Burgos Gómez ante estas maniobras ha generado un clima de impunidad, en el que los derechos de los ciudadanos han sido pisoteados y el patrimonio público puesto en riesgo. Según la CNDH-RD, su permanencia en el cargo es insostenible y compromete seriamente la integridad del proceso de liquidación y reorganización del CEA.
“El Estado no puede ser cómplice, por omisión, de un entramado mafioso que extorsiona, falsifica y roba tierras en perjuicio de personas humildes y del propio interés nacional”, expresó la organización en un comunicado.
La situación de despojo que enfrenta el señor Juan Rivera, incluido en el poder especial otorgado por el presidente, es una muestra clara de cómo se vulnera la autoridad presidencial y se protege a grupos privilegiados en detrimento del pueblo.
La CNDH-RD advierte que, si no se produce la destitución de Rafael Burgos Gómez en un plazo prudente, acudirá ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para que investigue a fondo las irregularidades denunciadas y determine las responsabilidades correspondientes.
Finalmente, la comisión reiteró que el único camino para frenar la piratería institucional dentro del CEA es la salida inmediata de su actual administrador, y llamó al presidente Abinader a actuar con firmeza, en defensa de la transparencia, la justicia y los derechos. de los afectados.
