La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) reiteró formalmente ante la Procuraduría General de la República su denuncia, proposición de diligencias y solicitud de investigación en torno a la explosión ocurrida el 14 de agosto de 2023 en el antiguo Mercadito de San Cristóbal, tragedia que dejó 47 fallecidos, 12 desaparecidos, más de 50 heridos y cuantiosas pérdidas materiales.
La instancia, dirigida a la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, fue depositada nuevamente tras denunciar que han transcurrido varios meses sin que se tenga conocimiento de diligencias procesales concretas, citaciones a los señalados o experticias en los lugares donde presuntamente fueron removidas osamentas humanas. La entidad sostiene que existe un “limbo jurídico” que vulnera el derecho al debido proceso y al acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares.
El presidente nacional de la CNDH-RD, doctor Manuel María Mercedes Medina, junto a miembros del Departamento Legal, actúa en representación de decenas de víctimas y parientes afectados por la tragedia los cuales también estuvieron presentes. La organización afirmó que la falta de respuestas oficiales ha incrementado el re victimización y el dolor colectivo en el municipio de San Cristóbal.
En el documento, la comisión cuestiona el manejo inicial de la escena del siniestro y señala que, según informes oficiales, fueron retiradas más de 1,200 toneladas de escombros en menos de cinco días. A su juicio, esta acción pudo haber implicado la destrucción de pruebas fundamentales y la posible desaparición de restos humanos, lo que, de confirmarse, constituiría una grave violación a los protocolos internacionales de investigación, como el Protocolo de Minnesota.
La CNDH-RD y la Comisión De La Verdad también ponen en duda la coherencia de los informes técnicos emitidos tras el suceso, al señalar contradicciones entre las conclusiones del Cuerpo de Bomberos y otras instancias investigativas. Asimismo, menciona la existencia de un contra informe pericial que detalla presuntas falencias técnicas en las evaluaciones oficiales realizadas en agosto de 2023.
Entre las solicitudes elevadas al Ministerio Público figuran la realización de una investigación integral e independiente, la entrevista a víctimas y testigos, la experticia en el vertedero municipal donde fueron depositados los escombros y el sometimiento a la justicia de los responsables directos e indirectos, tanto por la explosión como por la supuesta destrucción de evidencias.
La organización defensora de derechos humanos advirtió que, de mantenerse la inacción, acudirá a otras instancias nacionales e internacionales para garantizar el derecho a la verdad y la justicia. “Solo exigimos que se haga justicia”, concluye la comunicación, reafirmando el clamor de los familiares que, a más de dos años del hecho, aseguran que aún no conocen toda la verdad sobre lo ocurrido.
