Santo Domingo, RD.– El Frente Amplio, el Bloque Popular Jesús Adón y la Unión Clasista de Trabajadores (UCT) reiteraron su rechazo a la propuesta de reforma de la Ley de Seguridad Social que se pretende imponer en el congreso nacional, al considerar que mantiene las principales distorsiones del actual sistema y profundiza beneficios para las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y otros sectores vinculados al negocio de la seguridad social.
Las organizaciones entregaron en la oficina del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, un documento en el que plantean que la reforma debe responder a las necesidades de la clase trabajadora y la población en sentido general y garantizar una verdadera protección social, en lugar de perpetuar un modelo que, a su juicio, no asegura pensiones dignas ni una cobertura efectiva de salud.
“La propuesta vuelve a confundir la seguridad social, que debe ser una expresión de políticas públicas de protección social, con un sistema de prestación de servicios”, sostuvo Juan Núñez, secretario general de la UCT, al señalar que una verdadera reforma debe garantizar pensiones suficientes para la mayoría de la población y protección frente a la vejez, discapacidad, enfermedad, maternidad, riesgos laborales y desempleo.
Advirtió que el modelo de capitalización individual no resuelve el problema de las pensiones, debido a las características del mercado laboral dominicano, marcado por la informalidad, la baja estabilidad de los ingresos y los bajos salarios.
Las organizaciones rechazan la idea de aumentar la edad de retiro o elevar las cotizaciones sin modificar las condiciones estructurales que determinan el nivel de las pensiones.
En materia de salud, cuestionan que la propuesta mantenga un catálogo limitado de servicios y plantean que la seguridad social debe garantizar que ninguna familia pierda su patrimonio o vea deteriorada su calidad de vida para poder acceder a una atención médica. También objetan la creación de un seguro separado para enfermedades catastróficas, al considerar que esto puede convertirse en una nueva carga financiera para la población y trasladar responsabilidades que deberían formar parte de una cobertura integral.
Las organizaciones también cuestionan la pretensión de incorporar obligatoriamente a trabajadores por cuenta propia al régimen contributivo sin tomar en cuenta las condiciones reales de la informalidad laboral. “Ninguna de esas condiciones desaparece porque un artículo declare que esos trabajadores deben cotizar”, advierten, al considerar que la viabilidad financiera de la propuesta no está suficientemente demostrada.
Finalmente, el Frente Amplio, el Bloque Popular Jesús Adón y la UCT reclamaron que las propuestas alternativas elaboradas por la Coalición por una Seguridad Social Digna sean discutidas en el Congreso y tomadas en cuenta en el proceso de reforma. Las organizaciones anunciaron que defenderán una nueva Ley de Seguridad Social que coloque en el centro los derechos de la población trabajadora y garantice una protección social efectiva, integral y digna.
