El reciente escándalo de corrupción que sacude al Seguro Nacional de Salud (SENASA), la principal aseguradora pública del país, no es solo un titular lamentable; es una herida abierta en la confianza ciudadana y una traición directa a la salud de millones de dominicanos. Este caso, que involucra el desvío de fondos a través de supuestas malversaciones en compras y contrataciones, pone de relieve una vez más la fragilidad ética de nuestras instituciones y el costo humano de la avaricia desmedida.
El Mecanismo de la Avaricia
Las acusaciones que pesan sobre exfuncionarios y allegados de SENASA dibujan un patrón que, tristemente, resulta familiar: el uso de la posición pública no como un servicio, sino como una caja chica personal. Los fondos desviados no son cifras abstractas en una hoja de cálculo; son recursos vitales destinados a medicamentos, tratamientos, prevención de enfermedades y mejoras en la infraestructura de salud. Cada peso robado de SENASA es un diagnóstico tardío, una cama de hospital menos, y un ciudadano con menor acceso a una atención digna. Este robo tiene un impacto directo en la vida de los más vulnerables, quienes dependen íntegramente de los servicios del seguro social.
Más Allá de los Nombres: La Falla Sistémica
El problema va más allá de castigar a los individuos. El caso SENASA debe obligarnos a mirar críticamente las fallas sistémicas que permiten que estos esquemas florezcan. ¿Cómo es posible que mecanismos de control interno y auditoría no detectaran a tiempo estas presuntas irregularidades? La respuesta es clara: la corrupción se incuba en la opacidad y prospera cuando los controles son débiles, intencionalmente ignorados o cómplices.
Urge una revisión exhaustiva de los procesos de compras y contrataciones en todas las dependencias del Estado, especialmente en aquellas que manejan fondos de alta sensibilidad social como la salud. No es suficiente con el «quítate tú para ponerme yo». La lucha contra la corrupción exige una voluntad política inquebrantable para implementar sistemas de transparencia total y dotar de verdadera autonomía y dientes a los órganos de fiscalización.
La Exigencia Ciudadana y el Rol del Ministerio Público
La sociedad dominicana ha demostrado un creciente hartazgo ante la impunidad. El Ministerio Público tiene ahora la responsabilidad histórica no solo de llevar el caso a los tribunales, sino de hacerlo con la rigurosidad, objetividad y contundencia necesarias para desmantelar la red por completo. No se trata solo de encarcelar a los cabecillas, sino de recuperar los fondos robados y enviar un mensaje inequívoco: en la República Dominicana, robar la salud del pueblo ya no será un negocio rentable.
Este caso es una prueba de fuego para la justicia y una llamada de atención para el gobierno. La ciudadanía no tolerará que este escándalo se convierta en otro expediente engavetado. La salud pública no se negocia; es un derecho fundamental. El Estado debe actuar con la misma determinación que la sociedad exige: limpieza total, caiga quien caiga, y fortalecimiento institucional para blindar a SENASA y a todas las entidades públicas contra esta gangrena recurrente que es la corrupción.
