Por Roberto Acevedo

Sobre Venezuela no espero que nadie me cuente nada. He vivido mi propia experiencia en ese país. En el año 2021 participé como observador electoral en las elecciones celebradas en noviembre. Caminé sus calles, compré en sus supermercados y conversé con su gente. Estuve presente tanto en cierres de campaña del oficialismo como de la oposición. De primera mano conocí cómo se desarrollan unos comicios en Venezuela, más allá del relato simplificado y muchas veces interesado que se impone desde fuera.

Tuve la oportunidad de acudir al Consejo Nacional Electoral (CNE), indagar sobre el desarrollo del proceso en todo su contexto institucional y operativo. Visité centros de votación, observé el proceso de principio a fin, los mecanismos de auditoría y seguridad, y comprobé un nivel de organización y control que, con todas sus limitaciones, responde a estándares democráticos que no pueden ser ignorados honestamente. Esa experiencia directa me obliga a cuestionar el discurso único que durante años se ha construido sobre Venezuela.

Esa obligación moral adquiere hoy una dimensión aún más urgente frente a la escalada reciente de tensiones, caracterizada por denuncias de operaciones encubiertas, acciones armadas y la captura forzada del presidente venezolano, todo ello envuelto en una narrativa que pretende presentarse como una cruzada por la democracia. Lo verdaderamente alarmante no es solo la gravedad de los hechos, sino la normalización de la intervención por la fuerza en los asuntos internos de un Estado soberano, como si se tratara de un mecanismo legítimo de corrección política.

Pero el argumento democrático de Estados Unidos se derrumba por su propia incoherencia. Durante años, Washington afirmó que su apoyo a la oposición venezolana respondía a la defensa de la voluntad popular. Sin embargo, en el momento decisivo, Donald Trump desmerita públicamente a María Corina Machado, una de las figuras opositoras con mayor respaldo ciudadano, omite por completo a Edmundo González, quien fue presentado como candidato de consenso, y al mismo tiempo abre la puerta a respaldar a Delcy Rodríguez, siempre que esta garantice estabilidad, acceso a los recursos naturales y continuidad en el suministro de petróleo.

Ese giro deja al descubierto una verdad incómoda pero evidente: nunca se trató de democracia. Porque Delcy Rodríguez no representa una ruptura con el chavismo ni con el modelo de poder construido por Nicolás Maduro; representa su continuidad. Si Estados Unidos estuviera realmente comprometido con un cambio democrático, no podría legitimar —ni directa ni indirectamente— a una figura que encarna el mismo proyecto político que durante años dijo combatir.

La ecuación es simple y fácil de entender:
si el problema era Maduro por ser chavista, no tiene sentido apoyar a Delcy Rodríguez;
si el problema era la falta de democracia, no tiene sentido ignorar a quienes según ellos ganaron legitimidad popular;
si el criterio cambia según quién garantiza petróleo y control de recursos estratégicos, entonces el criterio no es democrático, es económico.

Desde el derecho internacional, nada de esto es aceptable. No existe base legal para capturar a un jefe de Estado extranjero, intervenir militarmente un país soberano o imponer gobiernos funcionales a intereses externos. Desde los derechos humanos, el resultado es aún más perverso: sanciones, bloqueos y operaciones armadas que no castigan a dirigentes, sino a pueblos enteros.

Desde la geopolítica, el mensaje es devastador: la democracia es invocada solo cuando sirve a los intereses de la potencia de turno. Cuando deja de servir, se reemplaza por pragmatismo, acuerdos bajo la mesa y alianzas con quienes ayer eran presentados como parte del problema.

Mi experiencia en Venezuela no me obliga a idealizar su realidad ni a negar sus graves problemas políticos e institucionales. Pero sí me obliga a decirlo con claridad: no existe democracia posible cuando el destino de un país se decide en función de quién entrega petróleo, no de quién recibe votos.

La historia latinoamericana es clara. Cada vez que Estados Unidos se ha presentado como benefactor democrático mientras actuaba movido por intereses económicos, el resultado ha sido más dependencia, más conflicto y menos soberanía. Venezuela no es la excepción.

La “cura” aplicada no solo ha sido incoherente y violatoria del derecho internacional; ha dejado al descubierto una verdad incómoda: cuando la democracia estorba a los intereses estratégicos, se vuelve prescindible. Y aceptar eso sin cuestionarlo no es realismo político. Es renunciar a principios básicos de justicia, soberanía y dignidad de los pueblos.