Santo Domingo, República Dominicana – 13 julio de 2025.- Diversas organizaciones del sector social que participa en las mesas temáticas del Consejo Económico y Social (CES), en el marco del diálogo nacional convocado por el Gobierno, reiteró la urgencia de que las propuestas emanadas de estos espacios respondan a un enfoque integral de derechos humanos y no a medidas aisladas o populistas.

Durante las reuniones recientes de las mesas de Migración y Desarrollo Fronterizo, integrantes de organizaciones sociales, académicas y de la sociedad civil hicieron un llamado a que las políticas públicas resultantes estén fundamentadas en la dignidad humana, el respeto a los tratados internacionales, y la promoción de un desarrollo sostenible e inclusivo, tal como establece la Constitución dominicana en sus artículos 5, 7, 8, 26, 38 y 74.

Advierten que “el diálogo no puede ser un fin en sí mismo. Tiene que servir para transformar, no para validar decisiones ya tomadas”, y agregaron que las mesas del CES no pueden convertirse en ejercicios simbólicos, sino que requieren voluntad política para traducir el diálogo en acciones concretas, estructurales y sostenibles, concluyeron.

De igual manera, proponen fortalecer el carácter plural, así como garantizar mecanismos de seguimiento a los compromisos asumidos.

“Es imprescindible que, frente a temas estructurales como la migración, el desarrollo de la frontera y la seguridad nacional, no se continúen planteando soluciones improvisadas o punitivas. Lo que se requiere es una visión de largo plazo, con base en datos, con participación social y con responsabilidad institucional”, afirmaron.

Diseñar políticas públicas efectivas
En la mesa de Migración, enfatizaron en la necesidad de transitar de un enfoque solo de seguritista en un régimen que implique que migrantes contribuyan a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) dejando de representar una carga para el sistema, priorizando con ello el Estado de derecho, el debido proceso y la inclusión social de las personas migrantes y sus descendientes. El colectivo también cuestionó la narrativa que asocia la migración con amenazas a la seguridad nacional, y propuso avanzar en políticas de regularización, acceso a derechos, y cumplimiento de estándares internacionales.

En paralelo, en la mesa de Desarrollo Fronterizo, las organizaciones proponen estrategias para revitalizar la zona fronteriza, garantizando acceso a servicios básicos, fortaleciendo la economía local y promoviendo alianzas sostenibles. La propuesta metodológica incluye la realización de una consulta ciudadana que refuerce el espíritu propósito desde el sector social, mediante una jornada que amplifique los espacios de reflexión con sesiones participativas y guías de trabajo orientadas a una visión territorial integral.

Por su parte en Asuntos Laborales, rechazan la premisa de que la migración haitiana desplaza a la mano de obra dominicana en sectores como la agricultura y la construcción, por carecer esta premisa de respaldo técnico, y propusieron reorientar el debate hacia soluciones estructurales que regulen el trabajo migrante ya existente en el mercado nacional, garantizando la protección social, laboral y de derechos humanos, mediante un enfoque articulado entre las políticas de empleo y las migratorias.

Asimismo, hicieron un llamado al Estado dominicano a avanzar hacia la regularización de trabajadores migrantes haitianos insertos en la economía nacional, diferenciando entre quienes poseen documentación vencida, quienes no tienen documentos del país de origen, y quienes fueron excluidos por fallas del Plan Nacional de Regularización. Las propuestas incluyen el fortalecimiento de la inspección laboral, la creación de ventanillas únicas para trámites migratorios y laborales, el uso de tecnologías de registro y trazabilidad. También se reiteró la importancia de ratificar los convenios 97 y 143 de la OIT y se sugirió revisar prácticas internacionales que puedan servir de ejemplo a la situación nacional, todo ello con el fin de garantizar una migración laboral ordenada, segura, regular y con enfoque de derechos, que permita la inserción socioeconómica y laboral de los trabajadores migrantes.

Finalmente, las organizaciones que participan del sector social reiteraron que los debates actuales deben estar guiados por la pertinencia, la factibilidad, la constitucionalidad y la coherencia con un modelo de desarrollo inclusivo, y advirtió que cualquier intento de soluciones simplistas o electoralistas podría agudizar las desigualdades existentes.