Por Julio Disla
Cuando Donald Trump declara que su “propia moralidad” es el único límite a su poder como comandante en jefe, no está lanzando una provocación retórica: está formulando una doctrina de poder absoluto. En esa frase se condensa una concepción peligrosa del mundo, donde el derecho deja de ser norma común y pasa a ser opción discrecional del más fuerte.
Al despreciar abiertamente el Derecho Internacional, Trump no solo cuestiona tratados o tribunales; desafía la arquitectura mínima de convivencia entre Estados construida tras dos guerras mundiales. Ese entramado —Carta de la ONU, Convenciones de Ginebra, principio de soberanía— no existe para complacer a gobiernos “incómodos”, sino para contener la barbarie y evitar que la fuerza bruta sustituya a la razón jurídica.
La reciente operación militar en Venezuela, que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y un saldo de alrededor de un centenar de muertos, ilustra el riesgo concreto de esa doctrina. No se trata de simpatías o antipatías políticas: la normalización de la intervención armada sin legalidad internacional convierte al planeta tierra en un campo de pruebas del unilateralismo. Hoy es Venezuela; mañana puede ser cualquier país que no se pliegue a los intereses de Washington.
Que el presidente de Estados Unidos declare a The New York Times que “no necesita el Derecho Internacional” y que será él quien decida cuándo aplican las restricciones, equivale a dinamitar el principio de igualdad soberana. Si cada potencia adopta la “moral propia” como límite, el resultado no es orden, sino anarquía armada: una carrera de agresiones preventivas, represalias y guerras sin reglas.
Este enfoque encierra una falacia peligrosa: confundir moral personal con legitimidad universal. La moral individual —por definición subjetiva— no puede sustituir a normas colectivas construidas para proteger a los pueblos, no a los gobernantes. Cuando el poder se separa del derecho, la historia muestra el desenlace: masacres justificadas, Estados fallidos, regiones enteras sumidas en el caos.
Desde una posición militante y democrática, corresponde denunciar con claridad esta deriva. El Derecho Internacional no es un obstáculo; es la última línea de defensa de la humanidad frente al despotismo. Renunciar a él es aceptar que la vida de millones dependa del temperamento, los prejuicios o los cálculos electorales de un solo hombre.
La estabilidad mundial no puede quedar rehén de la “moralidad” autoproclamada de ningún líder. O defendemos normas comunes, o regresamos a la ley de la selva. Y en esa selva, como siempre, quienes pagan el precio son los pueblos, no los imperios.
