Por Oscarina Martínez
El asesinato del joven Darlyn Mercado Reyes no es un hecho aislado ni un accidente lamentable. Es la expresión más reciente de una realidad que la juventud dominicana conoce desde hace décadas: para miles de jóvenes, especialmente de los barrios populares, la Policía Nacional representa con demasiada frecuencia miedo, abuso y desconfianza antes que protección.
Las imágenes que circularon gracias a un teléfono celular impidieron que este caso siguiera el camino de tantos otros que terminaron archivados bajo la ya conocida expresión de “intercambio de disparos”. Si hoy existen policías sometidos a la justicia es porque hubo una evidencia imposible de ocultar. Eso, por sí solo, revela la profundidad del problema.
Sin embargo, limitar el debate a las responsabilidades individuales sería un error. El verdadero problema es institucional.
Una institución que nunca hizo la transición democrática
La caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en 1961 significó el fin formal de un régimen político, pero no implicó la transformación profunda de todas las instituciones del Estado.
Entre ellas, ninguna refleja mejor esa continuidad que la Policía Nacional.
Durante más de seis décadas se han anunciado reformas, cambios administrativos, nuevos reglamentos y programas de modernización. Han cambiado los gobiernos, los uniformes, los discursos y hasta los nombres de las comisiones encargadas de reformarla. Pero nunca se produjo una verdadera refundación democrática de la institución.
La cultura organizacional continúa marcada por una lógica militar, vertical y represiva, incompatible con una policía concebida para servir a la ciudadanía.
En las democracias modernas, el policía es entendido como un servidor público civil autorizado excepcionalmente para ejercer la fuerza bajo estrictos controles legales. En República Dominicana, por el contrario, todavía persiste una visión donde la autoridad parece sustentarse más en el uso de las armas que en la protección de los derechos.
Los símbolos también hablan
Las instituciones expresan su historia no solo mediante sus actuaciones, sino también a través de sus símbolos.
Mientras numerosas policías del Caribe y América han construido identidades institucionales alrededor del servicio público, la protección ciudadana o los emblemas nacionales, la Policía Nacional dominicana conserva como uno de los elementos centrales de su escudo dos revólveres cruzados.
Puede parecer un detalle menor.
No lo es.
Los símbolos transmiten valores. Forman identidad. Definen la manera en que una institución se concibe a sí misma y cómo desea ser percibida por la sociedad.
Resulta difícil construir una cultura de proximidad con la ciudadanía cuando el principal referente simbólico continúa siendo el arma.
No es casualidad que cuerpos policiales como la Jamaica Constabulary Force, la Trinidad and Tobago Police Service o incluso varias policías nacionales latinoamericanas hayan evolucionado hacia símbolos donde predominan escudos, estrellas, coronas, hojas de laurel o emblemas nacionales, mientras las armas quedan relegadas a unidades especializadas y no a la identidad completa de la institución.
La República Dominicana permanece aferrada a una simbología que remite más a la imposición de la autoridad que a la construcción de confianza ciudadana.
La juventud conoce esta realidad
Quienes nacimos mucho después de la dictadura no vivimos el trujillismo.
Pero seguimos conviviendo con instituciones moldeadas por aquella cultura política.
Los jóvenes de los sectores populares aprenden muy temprano que ser detenido para un registro arbitrario, ser tratado como sospechoso por la forma de vestir o por el barrio donde viven, o recibir malos tratos durante una intervención policial forma parte de una experiencia cotidiana para miles de dominicanos.
No se trata únicamente de excesos individuales.
Es una forma de ejercer el poder que reproduce relaciones profundamente autoritarias entre el Estado y la ciudadanía.
Y esa realidad golpea principalmente a la juventud.
La reforma pendiente
Durante años el debate público se ha concentrado en aumentar salarios, renovar patrullas, incorporar cámaras corporales o modificar protocolos.
Todo eso puede ser necesario.
Pero ninguna reforma administrativa resolverá un problema cuya raíz es política e histórica.
No basta con capacitar mejor a los agentes si permanece intacta la doctrina institucional.
No basta con adquirir nuevos equipos si continúa predominando una cultura donde el ciudadano es visto como potencial enemigo.
No basta con crear nuevas comisiones si nunca se cuestionan los fundamentos sobre los cuales fue construida la institución.
La República Dominicana necesita una policía democrática desde sus cimientos.
Una policía verdaderamente civil.
Una policía sometida al control ciudadano.
Una policía formada en derechos humanos.
Una policía cuya autoridad nazca de la confianza social y no del temor.
La generación que no quiere heredar el miedo
Nuestra generación enfrenta enormes desafíos: desempleo, precariedad, violencia, crisis ambiental y desigualdad.
No debería sumar a esa lista el miedo hacia quienes tienen la responsabilidad constitucional de protegernos.
La democracia no puede consolidarse mientras una de sus principales instituciones conserve prácticas, doctrinas y símbolos que responden a una cultura política autoritaria.
La muerte de Darlyn Mercado Reyes debe convertirse en un punto de inflexión.
No para anunciar otra reforma más.
Sino para abrir, de una vez por todas, el debate sobre la construcción de una nueva Policía Nacional, compatible con un verdadero Estado democrático de derecho.
Porque la juventud dominicana no necesita aprender a convivir con el miedo.
Necesita aprender a confiar en sus instituciones. Y esa confianza solo será posible cuando la Policía deje definitivamente atrás el legado autoritario que todavía carga sobre sus hombros.
